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El gran desafío detrás de las más de 6 mil familias que viven actualmente en asentamientos informales en el Biobío

La Región del Biobío, es sin duda, la segunda más importante del territorio nacional. Su actividad económica, extensión territorial y población así lo avalan. No obstante, también ostenta un triste récord: es la segunda zona de Chile con el mayor número de campamentos de todo el territorio, superada tan solo por la Región de Valparaíso.
  • La Región del Biobío es la segunda de Chile con mayor número de habitantes viviendo en campamentos, situación que se ha agudizado tras la pandemia.
  • Afrontarla requiere de esfuerzos mancomunados, y Miladi Garfe, experta en vivienda social y presidenta del Área Social de la CChC Concepción, entrega algunas luces.  

La Región del Biobío, es sin duda, la segunda más importante del territorio nacional. Su actividad económica, extensión territorial y población así lo avalan. No obstante, también ostenta un triste récord: es la segunda zona de Chile con el mayor número de campamentos de todo el territorio, superada tan solo por la Región de Valparaíso.

En efecto, según cifras oficiales del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 6.346 familias, equivalentes a 15.555 personas en Biobío, viven en asentamientos informales.

Solo para hacernos una idea, esto sería similar a repletar con gente incluso de pie el recinto Movistar Arena o llenar una vez y media la capacidad máxima del Estadio CAP de Talcahuano. Y están más cerca de lo que nos imaginamos.

De este universo total regional, 13 campamentos, correspondientes a 553 hogares, se encuentran en el mismo cono urbano de la comuna de Concepción.

Hablamos de niños, adultos, abuelos, hombres y mujeres que viven en asentamientos informales, habitando en posesión irregular de un terreno y que no tienen acceso al menos a uno de los tres servicios básicos: electricidad, agua potable y alcantarillado.  

Si bien se hacen importantes esfuerzos año a año, mediante diversas políticas públicas y alianzas estratégicas público-privadas, comparando cifras de estudios de 2011 y 2018 entregadas por el Minvu, en la práctica por cada familia que logra una solución habitacional y abandona los campamentos, dos nuevas llegan a vivir al mismo lugar.

Miladi Garfe, experta en gestión de viviendas sociales y presidenta del Área Social de la Cámara Chilena de la Construcción, sede Concepción, explica que, lamentablemente, el déficit habitacional se arrastra por años y es un tema del que hay que hacerse cargo.  

“En este sentido, los programas de integración social son una buena opción, pero así como el gremio aporta desde sus conocimientos, creo que los apoyos del Estado a estas familias deben mejorar, para hacer el proceso más rápido y eficiente”, precisa.

Añade que, por ejemplo, muchas veces los subsidios asignados a estas familias no conversan con los proyectos habitacionales disponibles y en el caso de aquellos que se construyen específicamente para estas familias, son absorbidos por la burocracia del sistema que los ralentiza y los hace poco eficientes. “Ocurre que, cuando parte el proyecto el campamento tiene una cantidad “x” de familias y cuando ya está listo (en promedio siete años después), la cantidad de familias es el doble, por lo que la iniciativa deja de ser eficiente como solución al déficit habitacional”, apunta Garfe.

La situación se ha vuelto más crítica tras la pandemia causada por el Covid-19 y su innegable impacto en el empleo y, por ende, en los ingresos y capacidad económica de miles de chilenos.    

La realidad requiere priorizar acciones que permitan aumentar la cobertura y calidad de los programas habitacionales, de manera que puedan responder a las exigencias de fenómenos como el aumento de los precios de las viviendas, la escasez de suelo, o el aumento de la migración, entre otros factores.

¿Cuáles podrían ser éstas? Miladi Garfe esboza posibles respuestas.   

“Lo primero es que hoy no existe la fórmula perfecta que nos permita aumentar de forma rápida y eficiente la construcción de muchas más viviendas de las que estamos haciendo, con buenos estándares de acceso a servicios, localización y equipamiento”, precisa.

Pese a lo anterior, indica, “como CChC creemos que en la actualidad el programa DS19 es una opción real. Precisamente éste es un programa que, para existir, necesita una cantidad de familias vulnerables, la integración social es un requisito y está comprobado que se da bastante bien en esta modalidad”.

Garfe precisa además que, bajo este modelo, “para recibir la vivienda los beneficiarios no deben esperar más de un año, desde que se da inicio al proyecto hasta que reciben las llaves de su casa propia, versus los siete años, en promedio, que demora un proyecto específico para algún campamento”.

La experta finaliza señalando que, independiente de esta propuesta, también es necesario mejorar los programas habitacionales para familias vulnerables (DS49) y aquellos para  grupos emergentes (DS01). “Es en esta área donde se debe poner la energía, porque luego de esta pandemia nuestros campamentos van a aumentar al doble, y la calidad de vida y dignidad de una familia es urgente, no puede esperar”.   

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