Por Juan José Calderón
Presidente Comité de Arquitectura y Urbanismo
CChC Concepción

El fallo de la Corte Suprema que anuló la votación del CORE respecto del Plan Regulador Metropolitano del Gran Concepción (PRMC) abrió una serie de interrogantes sobre este tipo de instrumentos de planificación territorial (IPT) y de otros que tienen como objetivo el ordenamiento de las ciudades.

Las preguntas que surgen abarcan distintas aristas y van desde si ¿una sentencia de este tipo puede hipotecar o retrasar proyectos de relevancia social para la Región, como la Ruta de Pie de Monte?, ¿cuánta es la incidencia de esos mecanismos de planificación en la vida diaria de los habitantes? y, finalmente, ¿son éstos el reflejo actualizado del ritmo de crecimiento de un territorio?

Como dato, según el Banco Mundial, al año 2021, el 88% de la población en el país vive en una zona urbana. Por lo tanto, esto demanda que existan instrumentos de planificación territorial que ordenen y mejoren el desarrollo de comunas y áreas metropolitanas.

En la región del Biobío, de las 33 comunas el 79% de ellas posee un Plan Regulador Comunal (PRC). En un 49% de esos territorios estos instrumentos están vigentes. Un 30% se encuentran en fase de modificación, un 6% en etapa de formulación y un 15% son comunas que no cuenta con un PRC. Esto, de acuerdo al Estudio de Planificación Comunal en Chile 2021 elaborado por la CChC.

A nuestro juicio, como requerimiento básico no sólo se necesitan planes adecuados, sino, que sean eficientes, ágiles y dinámicos en su gestión, desarrollo y vigencia.

Sin embargo, esto al parecer no se estaría cumpliendo. Desde hace bastante tiempo, en la práctica los IPT no contribuyen a resolver el bienestar de los ciudadanos en el territorio. Esto se atribuye a que, muchas veces, la decisión política prima por sobre la técnica, generando escenarios desapegados a la realidad.

Se suma que los plazos fijados para procedimientos de análisis, diagnóstico y diseño de los IPT son excesivos. Así, cuando éstos entran en vigencia, ya están obsoletos y obligan a ser modificados una y otra vez, puesto que la ciudad evoluciona a una mayor velocidad.

Es fundamental que estos instrumentos puedan estar al día con el devenir y desarrollo de las ciudades. Es decir, lo ideal es que se basen en información actualizada, procesada y publicada, como la que entregan hoy instrumentos de inteligencia artificial al servicio de la planificación y que son una verdadera réplica del mundo real, aportando a la predicción de escenarios urbanos. Su uso basado en información, simulación y modelos predictivos deben incorporarse como una obligación en su desarrollo.

Estamos seguros que el futuro City Sience Lab Biobío, dependiente del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), nos permitirá avanzar firmemente en este camino.

Asimismo, creemos que la gestión de estos instrumentos debe estar en manos de los Gobiernos Regionales, tanto administrativa como financieramente, siendo parte de sus competencias.

Es claro que un IPT de esas características: actualizado, vigente y con una conexión con las necesidades de los ciudadanos permitirá tomar decisiones que propendan a mejorar el entorno y servicios, a generar una movilidad sostenible y a ordenar los lugares de vivienda y trabajo para desarrollar ciudades inteligentes y sustentables.